Vice explica perfiles de política social

Vice explica perfiles de política social

POR MANUEL JIMéNEZ
El gobierno anunció ayer los fundamentos básicos de la nueva política social que aplicará en los próximos dos años, que estará destinada a garantizar un mínimo de condiciones de vida a los grupos en extrema pobreza, pero advirtió que en esta tarea necesita el apoyo de todo el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

Aclaró que al concentrar sus esfuerzos para mejorar los niveles de vida de los grupos en extrema pobreza, no descuidará aquellos segmentos de la población que por su condición de riesgo y vulnerabilidad podrían convertirse en pobres.

Los objetivos de esta nueva política fueron enunciados por el vicepresidente Rafael Alburquerque dentro de las conclusiones del seminario “Políticas Sociales Innovativas en la Región Latinoamericana: Experiencias y Perspectivas”, celebrado en la Fundación Global con la asistencia del presidente Leonel Fernández.

“Esta nueva política social debe ser admitida como una política de Estado, lo que implica una participación de todos los sectores nacionales para que ésta se conciba como una responsabilidad de la sociedad en su conjunto”, comentó Alburquerque.

“No es un problema exclusivo del Gobierno, es un problema en el que hay que involucrar a toda la sociedad civil y los propios beneficiarios de los programas en el control y supervisión de la política social”, agregó.

Alburquerque dijo que entre las conclusiones del seminario, en el que expusieron varios expertos internacionales, estuvo también la necesidad de que se mantenga una articulación entre la política económica y la política social. “No hay posibilidad de llevar a cabo una política social, si no hay un equilibrio macroeconómico, si no hay un crecimiento en la macroeconomía que promueva la generación de empleos”, señaló.

Manifestó que es necesaria también la implementación de programas que incrementen la eficiencia del sector productivo, tales como el Plan de Competitividad que el Gobierno desarrolla actualmente con miras a los tratados de libre comercio.

También habrá que incrementar la productividad de los recursos productivos, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la mano de obra, dijo.

En el seminario, en el que expuso el propio Alburquerque en su condición de coordinador del Gabinete Social, se tomaron en cuenta los indicadores sociales “muy débiles” que prevalecen en República Dominicana, sobre todo la baja efectividad del gasto social y el hecho de que el desarrollo humano no ha sido proporcional al crecimiento económico que el país ha registrado en los últimos 50 años.

También el hecho de que por efecto de la crisis económica generada en la Administración pasada, el número de pobres se incrementó sustancialmente.

“Todo esto requiere entonces una nueva política social en la cual la pobreza se concibe como un fenómeno no solamente económico, sino multidimensional que se reproduce de una generación a otra y la quiebra de esta reproducción generacional obliga a programas dirigidos a diferentes grupos sectoriales”, dijo Alburquerque.

Explicó que en el marco de esta nueva política se persiguen objetivos tales como la “integralidad”, a fin de lograr una mayor efectividad de los recursos que se destinan a los programas sociales en ejecución; la equidad, para que los hogares más pobres o vulnerables tengan acceso a oportunidades similares al del resto de la población y la eficiencia para mejorar el diseño, ejecución y supervisión de estos planes sociales.

Dijo que también se persigue consistencia, a fin de que los programas no sólo sean compatibles con los derechos básicos del ser humano, sino también con las metas sociales establecidas dentro de Los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.

Alburquerque indicó, igualmente, que habrá que crear un mecanismo de coordinación entre los programas y las instituciones del Gobierno del sector social con las organizaciones de la Sociedad Civil. También deben establecerse reglas operativas y sistemas de monitoreo y evaluación con la finalidad de crear una cultura de rendición de cuentas mediante definición de la operación de los programas a ejecutar”, agregó.

Planteó, igualmente, que se fomente la creación de mecanismos de supervisión y seguimiento para medir el impacto en la población de los programas sociales. Se debe crear un mecanismo de información que permita priorizar la inversión social mediante el fortalecimiento del Sistema Unico de Beneficiarios (SUB), a través de controles transparentes y objetivos de localización de hogares pobres, dijo.

En el seminario, que se desarrolló durante toda la mañana y parte de la tarde en la sede de Funglode, expusieron Fernando Medina, Asesor Regional en Estadísticas Sociales de la Comisión Económica para América Latina (Cepal); Fabio Veras Soares, investigador del Centro Internacional de Estudios de Pobreza y del Instituto de Planificación Económica de Brasil y Ana María Fonseca, consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Alburquerque dijo que en la actualidad unas 220, 000 familias se benefician de los programas sociales del Gobierno a través de la tarjeta “Solidaridad”. Uno de los componentes del programa beneficia a familias pobres para adquirir alimentos en colmados por un valor mensual de 550 pesos. Familias pobres que envían sus hijos a la escuela reciben un beneficio económico adicional mensual.