Un país a merced de la  inseguridad

Un país a merced de la  inseguridad

El país está dominado por el temor. La delincuencia y la criminalidad no dejan espacio para otra percepción. El atraco es cosa común, y también el homicidio. Que hayan matado a un hermano de un fiscal adjunto en  Moca o que en la capital un francés matara a un joven que intentó asaltarlo, son componentes de un mismo estado de cosas: inseguridad, condición que atemoriza y obliga a que la gente modifique hábitos para evitar exponerse al ataque.

Nadie se ha ocupado de cuantificar cuánto ha perjudicado la inseguridad a la economía. La actividad nocturna se ha reducido considerablemente en todo el país. Muchos turistas de primer ingreso dudan en regresar. La gente le ha ido dejando la calle a una delincuencia desalmada. Las bandas actúan a sus anchas y en sus disputas también caen  inocentes, sin que importe edad, sexo o condición social.

La inseguridad no es ya una percepción que algunos han tratado de desacreditar. Es un elemento tangible y cotidiano. Tiene dimensiones y efectos visibles. Un país no puede vivir sitiado por estos factores. El Gobierno tiene que mejorar las capacidades que luchan contra todas las vertientes este mal, desde la prevención hasta la persecución y castigo. Tiene que abatir las causas sociales y económicas en que germina el problema. Tiene que hacerlo pronto y sería ocioso preguntar las razones.

Reglas para el intercambio

El intercambio comercial entre la República Dominicana se ha desarrollado de manera informal. En varios puntos fronterizos coinciden dominicanos y haitianos que promueven mercancías y servicios. Ha sido un desarrollo a cuenta propia de los interesados. Las condiciones del intercambio se apartan de la tendencia moderna en cuanto a comercio transfronterizo. Se necesitaba una base jurídica que definiera e hiciera valer los parámetros de ese intercambio, sus condiciones y organización.

La promulgación de la Ley 216-11 tiene la finalidad de  garantizar el desarrollo social y económico de los pueblos fronterizos, garantizando el buen funcionamiento de las actividades comerciales desarrolladas dentro de los municipios fronterizos, proporcionando un entorno de competitividad, eficiencia y de libre mercado. La norma es un buen paso hacia la modernización de ese vigoroso intercambio comercial.