Se erosionan las tierras de cultivo

Se erosionan las tierras de cultivo

POR CLAUDIO CABRERA
En momentos en que la agricultura dominicana pide mayor atención y apoyo a las autoridades, para insertarse en el proceso de apertura comercial que propicia el acuerdo RD-Cafta con Centroamérica y los Estados Unidos, afloran varios problemas ambientales que afectan a la producción agrícola.

Su solución es posible, pero en tanto, parecen trabar una mayor competitividad en la agropecuaria, por lo cual autoridades y productores privados deben abocarse a su solución.

En este orden, el principal problema que confronta la agricultura en la República Dominicana consiste en la sobreeplotación intensiva de los suelos.

La situación acarrea una acelerada erosión y la merma de la actividad agropecuaria, según reporta un informe sectorial elaborado con el auspicio de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL).

El documento titulado «Coordinación de las Políticas Fiscales y Ambientales en la República Dominicana», elaborado con la coordinación de la economista Magdalena Lizardo, impreso con el respaldo de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), expone que el uso de la tierra «evidencia niveles de sobreexplotación, con las consecuencias de erosión».

Al resumir los problemas que presenta la agricultura del país actualmente, señala, entre otros, el mal uso del agua y la degradación del suelo con la consecuente baja calidad, debido a las malas prácticas de cultivos, la contaminación por agroquímicos, presencia de desechos sólidos de animales en los lechos de los ríos, así como la quema de árboles y la deforestación.

Plantea el estudio la conveniencia de analizar cada caso, a fin de buscarle solución y de esa manera trazar políticas que eviten el empeoramiento de la situación de los suelos utilizados para la producción alimentaria en el país.

Revela que en términos de uso de agua, acorde con los parámetros establecidos por la ABT, Associates/Agroforsa, en el 2002, el país tiene un área de riego equipada con obras hidráulicas de propiedad estatal de 232,000 hectáreas, lo cual es equivalente al 9% de las tierras aptas para la producción agropecuaria que es de 2.4 millones de hectáreas.

«La superficie de riego comprende diez áreas geográficas correspondientes a 20 distritos de riego y 28 zonas de riego, los cuales, a su vez comprenden 309 sistemas de riego y drenaje», sostiene el estudio.

Resalta que el sector agropecuario es en el país el mayor demandante de agua, representando el 81% de la demanda total.

Sostiene que la eficiencia de los sistemas de riego varía entre 25% y 40%, siendo el sistema de riego por inundación el más utilizado.

Expresa que los problemas de salinidad de los suelos están asociados a malas prácticas de uso del agua en las parcelas. Para 1992 se estimaba que un 20% de las tierras irrigadas presentaban problemas de salinidad del suelo, pero en 1999 este porcentaje se estimaba en un 42%.

ACELERADA DEFORESTACIÓN

El documento sostiene también que existe una acelerada deforestación de las cuencas de los ríos, debido a la agricultura migratoria que ha limitado mucho la vida útil de las mayores obras de riego en el país.

En algunos distritos de riego se calcula en 52% los suelos con algún nivel de erosión, o sea, por problemas de drenaje, elevada salinidad o pérdida de la estructura.

Sitúa entre los mayores factores que inciden en la contaminación en los sistemas de riego, la salinización por aguas de retorno, desechos de granjas, residuos agroquímicos y otros de menor evidencia.

«El problema del uso de plaguicidas obedece, no sólo a falta de reglamentación, sino también a aplicación deficiente: La mayoría de los agricultores no tiene precisión en cuanto a la fórmula». Igualmente, hay problemas en el almacenamiento de estos químicos.

En cuanto a la calidad del suelo, el principal problema es la erosión, puesto que se estima que más del 85% de las cuentas hidrográficas sufre un acelerado proceso de degradación.

«No se dispone de estimaciones para todo el país de la erosión promedio, pero se estima que en la Cuenca del Río Nizao los niveles oscilan desde 20 toneladas métricas por hectárea por año hasta 500 toneladas métricas por hectáreas por cada año».

En lo que respecta a la cuenca del río Yaque del Sur, se estiman pérdidas de suelo de 184 toneladas métricas por hectárea, por año.

Respecto al drenaje y la salinidad, indica que el problema está en que las áreas bajo riego reciben grandes cantidades de sales disueltas, en parte aportadas por el agua de riego y el resto por el agua superficial que entra en el área.

La principal causa del problema viene de prácticas humanas, en vez de causas naturales, lo cual puede también decirse de los problemas de drenaje.

USO ECONÓMICO DEL AGUA

El informe expone que en el país el desarrollo de programas que incidan en una menor contaminación del medio ambiente y un mejor uso de los recursos naturales por parte del sector agrícola, están básicamente concentrados en las áreas de uso del recurso hídrico, uso de agroquímicos y prácticas de agricultura de ladera.

La tarifa de agua para riego en el país se cobra por superficie regada, no por volumen de agua consumida, según explica el documento.

Como la técnica de riego preferida consiste en riego por inundación, la situación ha conllevado al dispendio en el uso del agua.

La tarifa cobrada por el INDRHI cubre, por tanto, únicamente los costos de operación y de mantenimiento. En cuanto a los costos por el uso y gestión del recurso hídrico, por inversión en construcción del canal y el uso de maquinaria pesada para la limpieza del canal, no están cubiertos por dicha tarifa.

La situación es más extrema si se toma en cuenta que el nivel de cobro efectivo de la tarifa llega a un 17%, aunque en algunos distritos de riego el cobro efectivo alcanza un 80%.

«Las soluciones para fomentar un mejor uso del agua por parte del sector agrícola han estado orientadas a apoyar el desarrollo de las Juntas de Regantes y al desarrollo de un programa de manejo de agua en las fincas», sostiene.

Resalta que si bien es cierto que las Juntas de Regantes han estado incorporadas en la legislación relacionada con el uso del agua para fines de irrigación desde 1962, es en 1984 cuando empieza a consolidarse su desarrollo, con el fin de hacer frente a los problemas de eficiencia y financiamiento del sistema de riego nacional.

Pero se destaca que apenas el 50% de las áreas contempladas en el diseño de los sistemas era efectivamente servida, debido a problemas de mantenimiento de los canales y construcción incompleta de los canales, en función de lo contemplado en los diseños originales.

«En 1987 se inició el proceso de transferencia de la administración de los canales secundarios a las Juntas de Regantes», expone el estudio auspiciado por la CEPAL.

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