RD extradita a España empresario Gil Silgado

RD extradita a España empresario Gil Silgado

Santo Domingo. EFE. La justicia dominicana extraditó ayer a las autoridades españolas al empresario español José María Gil Silgado, expresidente del club de fútbol Xerez CD, quien fue detenido a principios de noviembre en la capital dominicana por un delito contra la hacienda pública. Según informaron a EFE fuentes judiciales Gil Silgado viaja en un vuelo regular de la aerolínea española Iberia custodiado por agentes de la policía de ese país.

El aparato tiene previsto aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas a las 06-15 hora española (05-15 GMT). La extradición, aplazada en numerosas ocasiones, fue aprobada a finales de febrero pasado. Gil Silgado se encontraba detenido en la República Dominicana en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El 19 de diciembre del año pasado, el Gobierno español amplió la solicitud de extradición que ya había cursado el 21 de noviembre a las autoridades dominicanas tras el aplazamiento de la vista semanas atrás. El empresario, de 63 años, tiene pendiente el cumplimiento de una condena de dos años de prisión como autor de una apropiación de 528,865.65 euros, según informó el Ejecutivo español en su momento. Esa cantidad era la correspondiente al impuesto sobre valor añadido (IVA) de una operación de venta de una finca realizada por su empresa y que el imputado no liquidó en la Agencia Tributaria española. Según reiteró en su momento el Gobierno español, la reclamación contra el expresidente del club deportivo cumple todas las formalidades del vigente Tratado de Extradición entre España y dicho país. Gil Silgado fue detenido en la República Dominicana en virtud de una orden de búsqueda internacional, según informó a principios de noviembre la Policía Nacional del país caribeño. El empresario fue detenido por agentes adscritos a la OCN-Interpol dominicana, según las fuentes. Silgado fue arrestado en noviembre en Piantini, en el Distrito Nacional de Santo Domingo, en cumplimiento de una orden de captura y búsqueda internacional por un presunto fraude contra la administración pública.