Qué se dice
Peras al olmo

<STRONG>Qué se dice<BR></STRONG>Peras al olmo

Probablemente se cuenten por miles los dominicanos y dominicanas que pertenecen, en calidad de asimilados, a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre los que habrán de abundar los profesionales valiosos, que aportan sus esfuerzos y conocimientos en beneficio y engrandecimiento de esas instituciones, fundamentales para que podamos ser el país que somos y que mañana queremos ser, solo que un poco mejor. ¿Cuál ha sido  el pecado del doctor José Joaquín Puello, uno de nuestros más reputados y reconocidos neurocirujanos y deportista de larguísima data?

Ser el jefe de campaña del sector externo que apoya las aspiraciones presidenciales del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y a quien el gobierno, que últimamente no pega una, ha escogido para justificar su error de utilizar un militar activo en el más reciente spot  televisivo promoviendo al presidente Fernández y su reelección. Por supuesto que lo correcto y decente hubiera sido  que el gobierno reconociera su metida de pata, que admitiese que se equivocó al no indagar mejor las credenciales de quienes participan en la promoción de su candidato en lugar de  intentar enlodar reputaciones bien ganadas, pero a estas alturas tal vez sea demasiado pedirle peras al olmo.

Áreas protegidas
Cuando uno oye, lee y escucha todo lo que se ha dicho en medio del indignado alboroto provocado por el arrendamiento, por parte del ayuntamiento de Baní, de una porción de terrenos supuestamente pertenecientes a un área protegida tan valiosa y excepcional como Las Dunas, tanto lo que argumentan el propio cabildo banilejo, la empresa arrendataria como los que han condenado de manera enérgica el hecho, tiene necesariamente que hacerse una pregunta. ¿No podrían las autoridades y técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente trasladarse al lugar de los hechos y determinar si los terrenos en cuestión forman parte o no del área protegida? Quizás eso ponga fin a la discusión, pero también obligaría, en caso de que se establezca que el arrendamiento de esos terrenos vulnera la ley de áreas protegidas, a dar marcha atrás a la operación y devolver los diez millones de pesos que se habría cobrado a la empresa Ciramar Internacional. Las cosas, desde luego, no son tan fáciles como se ven desde las gradas, pero solo porque nuestros políticos, sobre todo cuando están en el poder o investidos de algún tipo de autoridad,  hacen las cosas de la forma más complicada posible (habrá quien prefiera llamarlo falta de transparencia), y siempre -¡vaya casualidad-! en su propio beneficio.

Ropa militar
Una vez se dijo, al principio de este mismo gobierno, que se tomarían todas las medidas que fueren necesarias para evitar que en tiendas u otros establecimientos comerciales  se venda ropa militar o de camuflaje, dada la frecuente utilización de ese tipo de indumentaria  por parte de delincuentes y criminales para facilitar la comisión de sus delitos y tropelías así como también  garantizarles impunidad. Incluso de vez en cuando y de cuando en vez se tenían noticias de requisas y allanamientos en busca de ese tipo de ropa especializada, pero tal parece que las autoridades o se cansaron de esos operativos o se consideraron innecesarios. Lamentablemente los delincuentes se siguen disfrazando de policías, guardias y agentes de la DNCD para cometer sus tropelías contra una ciudadanía que ya no sabe en quién creer o a quién confiar su seguridad y protección. El más reciente caso, el de  cinco hombres apresados por la Policía  acusados de pertenecer a una banda que se dedicaba a cometer atracos disfrazados de agentes de la DNCD, nos recuerda que las autoridades todavía tienen pendiente establecer de dónde sacan los delincuentes esa ropa, quién la vende o quién la fabrica. ¿O es eso mucho pedirle a nuestros ajetreados servicios de seguridad?