Procuraduría y presidencia de los diputados defienden proyecto de ley

<P>Procuraduría y presidencia de los diputados defienden proyecto de ley</P>

 

El coordinador del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, Roberto Santana, consideró injustificado que la entidad rectora de la política criminal del Estado, la Procuraduría, no reciba recursos provenientes del decomiso de bienes  de lavado de activos fruto del narcotráfico.

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, defendió ayer el proyecto  de modificación  a la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico, el cual estipula destinar un 25% de los recursos decomisados a los imputados de estos hechos delictivos a la Procuraduría General de la República.

“Entendemos correcto que al Ministerio Público le sean asignados estos recursos, en el entendido de que la Procuraduría es la institución principal en la persecución y posterior sanción a quienes violan esta ley”, precisó.

Argumentó, además, que  esa institución  lleva a cabo importantes programas y proyectos que requieren de mayor  presupuesto,  como es el caso de la reforma del sistema penitenciario.

“Esto es importantísimo para la correcta aplicación de las sanciones impuestas por los tribunales y para la regeneración de los condenados, por lo que esperamos que las instituciones que están participando en el debate de este proyecto de ley puedan entender el papel estelar que juega el Ministerio Público para lograr que los sindicados y actores de estos crímenes sean puestos tras las rejas”,  agregó el legislador peledeísta por la ciudad de Santiago.

El proyecto de modificación sometido ante el hemiciclo por Abel Martínez plantea que los recursos producto del narcotráfico o el crimen organizado se distribuirán de la siguiente manera: un 25% para la Procuraduría General de la República, un 25% para el Consejo Nacional de Drogas (CND), e igual cantidad para la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Contempla también destinar un 15% para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención de consumo de drogas y un 10% para el Ministerio de Deportes.

La iniciativa es respaldada, además, por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Colegio de Abogados (CARD) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. En cambio, es  objetada por el presidente de la DNCD, general Rolando Rosado Mateo;  la  presidenta del CND, Mabel Féliz y los directivos de Casa Abierta.