Presidente TSE favorece crear fiscal electoral

Presidente TSE favorece crear fiscal electoral

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Mariano Rodríguez, declaró que favorece que en el futuro se piense en crear la figura del fiscal electoral.
Rodríguez explicó que “la persecución de los ilícitos electorales” fue un tema discutido durante la elaboración del Reglamento Contencioso Electoral, y dijo que aunque hay dificultades legales para la persecución de esos ilícitos cuando se cometan en el exterior, favorece que en el futuro se piense en crear esa figura.

“En la República Dominicana no tenemos registrado en nuestros archivos que un delito electoral haya sido llevado ante la justicia ordinaria y se haya producido una sentencia de condena o exonerando al inculpado o al supuesto inculpado del delito”, señaló el funcionario en una entrevista concedida a Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Refirió que la creación de esa figura se previó en el proyecto de la Constitución que el Presidente de ese entonces, Leonel Fernández, envió a la Asamblea Revisora, “pero sus miembros decidieron excluirla”. Sostuvo que el ilícito electoral no se podrá conocer, por lo menos fuera del país, porque la ley es de aplicación nacional, por lo que “habrá que buscar una fórmula, sobre todo pensar hacia un futuro en la creación del fiscal electoral”.

Desconocimiento y confusión. A eso atribuyó el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia la afirmación de los jueces Marino Mendoza y John Guiliani, de que la persecución penal por delitos electorales debería corresponder también al TSE y no al Ministerio Público, como ha sido previsto en el reglamento del órgano electoral.

Trajano Vidal Potentini afirmó que “el monopolio de la investigación y persecución penal, corresponden al MP en todos los esquemas y escenarios…” Dijo que “constituiría un absurdo” el que un juez electoral también sea el encargado de investigar e instruir el proceso de la etapa inicial, pues violaría principios del derecho como la separación de funciones, y que no puede ser juez y parte.