Por una ciudadanía corporativa

Por una ciudadanía corporativa

El supuesto “fin de las ideologías” publicitado por el discurso hegemónico del consenso neoliberal de Washington nos condujo al olvido, a nivel de la sociedad y del Estado, del carácter eminentemente político de una  economía que, no por azar, siempre ha sido denominada “economía política”. 

Esto, que el filósofo esloveno Slavoj Zizek ha llamado “la despolitizacion radical de la esfera de la economía” y que hace que aceptemos la injusticia social como una realidad inmodificable, nos ha impedido abordar las discusiones importantes acerca de la ciudadanía activa y, sobre todo, tomar las decisiones políticas fundamentales que incidan real y efectivamente en los niveles de bienestar colectivo y de garantía de los derechos de todos.

Hace un tiempo el empresario José Miguel Bonetti Guerra, en un almuerzo aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, llamó nuestra atención sobre el carácter eminentemente político de la organización económica. Con su llamado a un “compromiso para un nuevo modelo económico”, centrado en la competitividad, la producción, la exportación y los consumidores, su crítica incisiva al Estado empresario, su propuesta de un empresariado que sea un “ente socialmente responsable” y su apuesta por una economía de mercado estructurada alrededor de la responsabilidad social, Bonetti nos proponía tomar en serio los retos que plantea la economía, en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la globalización, lo que significa hacernos cargo de la necesidad de pensar políticamente la economía y, en consecuencia, el rol del Estado en la esfera económica.

Este rol se ha planteado tradicionalmente alrededor de la dicotomía Estado mínimo neoliberal y Estado empresario-interventor populista. Pero lo cierto es que la crisis que enfrentamos requiere abandonar esta visión maniquea y entender que la sociedad mundial de riesgos (Beck) implica el reconocimiento de que, si bien los agentes económicos deben poder operar en condiciones de libre mercado, el Estado debe poder regular aquellos sectores que, por su carácter estratégico o por los riesgos inherentes a los mismos, no pueden dejarse sólo al libre juego de las fuerzas del mercado.

El Estado regulador no es un Estado mínimo porque regula intensamente y no es un Estado empresario-interventor porque ni es ente empresarial ni interviene en la economía a través del control de precios o la expropiación. Es un Estado cuyos recursos los invierte en la satisfacción de, para utilizar las palabras de Bonetti, su “compromiso primario” que “está en la educación, la salud, la vivienda, la inversión social y la seguridad de los dominicanos”. Por eso es un Estado Social y Democrático de Derecho comprometido con la garantía de los derechos sociales de todos.

Por otro lado, es un Estado que sustituye los mecanismos tradicionales de la intervención por los instrumentos de alta precisión de la regulación, es decir, por la garantía de la libre competencia y de los derechos de los consumidores, la supervisión de los agentes económicos en los sectores regulados, la preservación de ámbitos autorregulados a través de la regulación pública de la autorregulación y el ejercicio de potestades sancionadoras que tienen como objetivo conservar precisamente la potestad regulatoria del Estado, a fin de asegurar el funcionamiento libre de los mercados, el medio ambiente, los derechos de las personas, y la calidad de vida.

El reto es entonces construir un Estado fuerte para la garantía de los derechos de todos y para la regulación de una economía social de mercado, lo cual requiere tener no más Estado sino mejor Estado, más eficiente, más transparente, más garantista. El verdadero desafío, sin embargo, es que, como bien señalaba Bonetti, el empresariado,  corresponsable del desarrollo y de la creación de valor para las comunidades y para las empresas, asuma “un espíritu de ‘ciudadanía corporativa’ y contribuya a erigir un modelo económico que ponga definitivamente a “la persona como centro de atención de toda la actividad política, económica o social”. Las bases de esta ciudadanía corporativa están ya dadas en nuestro ordenamiento jurídico a partir del nuevo régimen de las sociedades comerciales, los principios del buen gobierno corporativo, de la obligación de respetar los derechos fundamentales por parte de los poderes privados y de la consagración de la responsabilidad social como principio del sistema económico constitucionalizado.