Pobreza persistente

Pobreza persistente

POR ROSARIO ESPINAL
La pobreza se ha convertido en un mal endémico en muchos países del mundo. Se hacen estudios y pronunciamientos para mostrarla y denunciarla, se establecen programas para reducirla, e incluso la ONU designó un día del mes de octubre para recordar que debe combatirse. No obstante, la pobreza persiste en su magnitud y efectos negativos en la calidad de vida de muchos seres humanos.

Hay pobreza en todas las sociedades que conocemos, pero en el último medio siglo los países más desarrollados han logrado reducirla sustancialmente, mientras que los menos desarrollados avanzan poco en su lucha por combatirla o incluso retroceden.

El modelo de transformación socioeconómica que condujo a mayor bienestar en los países desarrollados no fue igual en todos. Unos mejoraron la capacidad de consumo de la población mediante un aumento sustancial de salarios y control del incremento de los impuestos, como ocurrió en Estados Unidos. Otros mejoraron la distribución del ingreso nacional a través de la captación de mayores impuestos y la oferta de buenos servicios sociales, como ocurrió en Europa Occidental.

En uno y otro caso, un factor común para reducir la pobreza fue la capacidad de generar riqueza. Para ello, los países desarrollados promovieron una revolución tecnológica, apoyada en la ampliación de la cobertura y calidad del sistema educativo, que permitió un aumento en la productividad. También institucionalizaron el sistema político, haciéndolo más eficaz y democrático.

En República Dominicana, donde alrededor de la mitad de la población vive en la pobreza, esas condiciones siempre han estado ausentes. La fórmula que ha prevalecido es la combinación de bajos salarios y servicios públicos deficientes, y en años recientes, se agregó a esta fórmula empobrecedora el aumento de las tasas impositivas al consumo.

En esta economía prevalece un Estado corrupto e ineficaz, que ofrece a la ciudadanía prebendas a cambio de apoyo político.

A pesar de que hace casi 30 años que los gobernantes dominicanos se eligen en elecciones competitivas, ninguno de los electos ha optado por darle un giro diferente a la economía y la política dominicana.

Cada gobierno mantiene intactas las coordenadas económicas que benefician selectivamente a grupos empresariales, sustentados históricamente en el pago de salarios miserables y escasas o inexistentes prestaciones sociales.

En los años sesenta dominaba el sector agro-exportador que siempre ha ofrecido pésimas condiciones laborales. Por eso han recurrido a la mano de obra haitiana, primero en el sector azucarero y luego en otros cultivos.

A partir de fines de los años sesenta se benefició con incentivos fiscales y una ley de austeridad salarial a la industria de sustitución de importaciones. En los ochenta las zonas francas se expandieron bajo un acuerdo con el gobierno de recibir exenciones fiscales y pagar salarios mínimos a sus obreras y obreros. Luego en los noventa el turismo emergió para ofrecer descanso y entretenimiento a módico precio y para lograrlo también pagan bajos salarios a muchos trabajadores.

Esto demuestra que independientemente del sector empresarial que se ha beneficiado con incentivos en distintos momentos, la constante ha sido el pago de salarios bajos a la mayoría de los trabajadores.

Los empresarios podrían argumentar que pagan salarios bajos porque emplean una mano de obra no calificada. El planteamiento es válido desde el punto de vista estrictamente económico. Pero la calificación de la mano de obra no mejorará si no se invierten recursos suficientes para elevar la cobertura y calidad de la educación.

El asunto es que invertir en educación no parece ser rentable para los gobiernos dominicanos, tal vez porque asumen que la educación no aporta votos para ganar elecciones ni aliados para financiar las campañas.

La educación es una inversión pública que se disemina en pequeñas cantidades por todo el territorio nacional y no permite mostrar un impacto político rápido ni asegurar una gran acumulación de capital en pocas manos.

Además, a los políticos que gobiernan o aspiran a gobernar, la educación del pueblo les atemoriza porque una ciudadanía más preparada constituiría un reto a su hegemonía. No sólo estaría en capacidad de generar más riqueza, sino también de aumentar el capital social para presionar por una real democratización de la política.

Por estas razones, aunque mucho se hable de invertir en la educación, la sociedad dominicana recibe cada año la noticia de una asignación presupuestal insuficiente para ese sector. Por el contrario, los gobiernos muestran en el presupuesto que prefieren los grandes proyectos de construcción que permiten una apropiación rápida de riqueza en pocas manos.

Esta situación genera un círculo perverso que impide el desarrollo económico y social dominicano. No se aumentan los salarios porque la mano de obra no es calificada, pero tampoco se aumenta la inversión en educación para calificarla. Así persiste la pobreza dominicana porque las personas de escasos recursos no tienen acceso a la educación que facilitaría su movilidad social.