Mujeres: cuota o lucha libre

Mujeres: cuota o lucha libre

ROSARIO ESPINAL
No es cuestión de favoritismo ni condescendencia; la participación política es un derecho de toda la ciudadanía, mujeres y hombres. Por siglos, la exclusión de las mujeres del espacio público se ha justificado con dogmas y prejuicios sociales, con argumentos biológicos, religiosos y culturales, que dan ventajas a los hombres en distintas áreas de la acción humana. Cambiar esta situación ha conllevado importantes luchas.

A fines del siglo XIX, las mujeres se armaron de fuerza social para conquistar el derecho al voto. En aquel entonces se cuestionaba su capacidad para discernir, como se había hecho con los pobres y esclavos.

Tomó varias décadas extender el sufragio universal para que las mujeres pudieran elegir gobernantes entre candidatos masculinos. Las candidaturas femeninas eran prácticamente impensables.

En los años sesenta y setenta, las mujeres se organizaron de nuevo para luchar por mayor acceso a la educación y al mercado laboral.

Simone de Beauvoir y Betty Friedan con sus libros “El Segundo Sexo” y “La Mística Femenina”, iluminaron el intelecto de muchas mujeres que permanecían confinadas al trabajo doméstico o subordinadas en empleos degradantes.

En los años ochenta comenzó la irrupción de la mujer en la política, pero abrir la puerta del poder a ese nivel ha constituido también un gran desafío.

Para facilitar la inserción de las mujeres en la política electiva, algunos países europeos introdujeron la cuota electoral, que luego se extendió con la democratización a América Latina.

En República Dominicana, la cuota se aprobó con la Ley Electoral 275-97. Fue una demanda del movimiento de mujeres que recibió apoyo de las legisladoras.

El congreso, mayoritariamente masculino, aprobó la cuota con facilidad porque en el paquete de reformas electorales estaba incluido el financiamiento público de partidos. Era 1997, el año antes de celebrarse las primeras elecciones legislativas y municipales separadas de las presidenciales. Los partidos políticos querían dinero para sus campañas.

Desde entonces, los partidos reciben financiamiento público y no rinden cuentas adecuadas, ni pueden ser fiscalizados como indica la ley, porque inmediatamente denuncian persecución política. También han querido eludir la cuota.

En 1998 colocaron muchas mujeres al final de las listas de diputados para que no salieran electas. Alcanzaron el 16% de las diputaciones en vez del 25% mínimo que apuntaba la ley.

Ante esta situación, las organizaciones de mujeres y las legisladoras lograron en el 2000 que la cuota aumentara a 33%.  Se estableció también la figura de vice-síndico para ampliar las posibilidades de elección de las mujeres sin reducir las nominaciones de los hombres.

No obstante, la composición de género de la Cámara de Diputados no cambió en el 2002. Las mujeres alcanzaron el 17% de las diputaciones. El efecto positivo esperado con el aumento en la cuota encontró un nuevo obstáculo: el voto preferencial que se utilizó por primera vez ese año.

Por otro lado, casi todos los síndicos nominados y electos fueron hombres (93%), mientras que las mujeres ocuparon en la misma proporción las vice-sindicaturas. La representación femenina resultó mejor en las regidurías (31%).

Indiscutiblemente, la cuota ha permitido aumentar el número de mujeres en posiciones electivas, aunque todavía no se haya alcanzado el 33% mínimo para diputados y regidores.

Actualmente, sin embargo, la situación se ha complicado porque las alianzas partidarias han reducido el número de candidaturas disponibles para tantos aspirantes. La competencia por nominaciones es más dura.

De ahí la preocupación de algunas mujeres políticas y su solicitud a la Junta Central Electoral para que requiriera el cumplimiento de la cuota a los partidos. Con tal fin, la JCE emitió recientemente la resolución 06-2006.

No es que las mujeres quieran el camino fácil en la política. La cuota no es graciosa ni siquiera para las candidatas porque se presta a pensar que ocupan una posición sin merecerla. Es sólo un remedio para facilitar que las mujeres, históricamente excluidas, accedan con menos desventajas a la política electiva.

Las mujeres dominicanas constituyen la mitad de la población, votan en proporción similar a los hombres, su membresía en los partidos es sólo ligeramente menor, y asisten en gran proporción a las universidades. Capacidad e interés no falta.

Además, como la división tradicional del trabajo ha hecho de lo doméstico un espacio de responsabilidad principal de las mujeres, ellas sufren más directamente los efectos nocivos para la familia del alto costo de la vida y la falta de servicios adecuados en educación y salud, que resultan de políticas económicas y sociales impuestas casi siempre por hombres.

Esta responsabilidad doméstica, que ha limitado históricamente la participación de las mujeres en la vida pública, debería ser razón suficiente para que puedan involucrarse activamente en la toma de decisiones, sin enfrentar tantos obstáculos institucionales, económicos, culturales y mediáticos, que impiden que la lucha política sea justa y libre para mujeres y hombres.