Los derechos de la mujer

Los derechos de la mujer

Las nóminas de candidatos con miras a las elecciones de mayo son un reflejo elocuente de la irracional discriminación de género que mantiene en desventaja a la mujer frente al hombre. Esa es la expresión política de una línea de conducta que se manifiesta también en el empleo, en los niveles salariales, en el acceso a las oportunidades y en otros ámbitos y circunstancias de la vida. El mundo moderno, como el antiguo, está bajo el dominio del hombre y la mujer ha tenido que nadar contra corriente.
En la vida moderna, cada vez es mayor el número de mujeres que conquista posiciones de liderazgo, pero ha tenido que hacerlo en una competencia desigual y bajo reglas que responden más a los designios machistas que a los derechos de igualdad. El concepto sexista de las reglas sociales sigue rigiendo en la mayor parte del mundo, inclusive en naciones que predican la igualdad para los géneros simplemente para acomodar la retórica a lo que ven como algo en moda.
La verdadera justicia social es aquella que reconoce la igualdad en el derecho de acceso a las oportunidades. Las planillas de candidatos, las proporciones de hombres y mujeres en puestos de mando y toma de decisiones, en acceso a oportunidades y otras manifestaciones sigue hablando de discriminación, y no importa cuánto se predique un día como hoy en favor de la igualdad.

Un Estado incongruente

El Estado dominicano carece de criterio unificado en muchos aspectos cruciales. Prohíbe la agricultura en montañas y la construcción de pozos tubulares en el nacimiento de los ríos, pero el Banco Agrícola financia las siembras y agencias oficiales autorizan obras afines a la actividad que viola las normas. El fiscal ambiental de Constanza, Fernando Quezada, ha puesto el dedo en la llaga partiendo de casos específicos de su jurisdicción que reflejan esta grave incongruencia.
Muchas de las obras erigidas en las áreas protegidas de Constanza para soporte de labores agrícolas prohibidas han sido autorizadas por el propio Estado. No es una situación exclusiva de ese municipio, sino el resultado de una conducta a nivel nacional. El propio Estado atenta contra la autoridad moral de las instituciones.