Lecciones de cómo afrontar crisis financieras

Lecciones de cómo afrontar crisis financieras

RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
El anuncio, por parte de los accionistas, del monto de recursos en dólares aportados para desmontar los papeles comerciales emitidos por el grupo y para fortalecer la posición del banco, revela la diferencia en como la presente Administración Monetaria y Financiera actuó en estricto apego a la Ley 183-02 y la forma torpe como las pasadas autoridades afrontaron las crisis bancarias.

El pasado jueves 9 de febrero los directivos y accionistas del Banco y el Grupo Progreso anunciaron al país la inyección de una suma cercana a los US$400 millones y el sometimiento a la justicia por un alegado fraude por RD$14 mil millones al pasado presidente del grupo y del banco.

La intervención de la Administración Monetaria se inició cuando las revisiones de los inspectores de la Superintendencia de Bancos detectaron sobregiros en la cuenta del grupo en el banco y procedieron a informar de la situación al Consejo de Directores de ambas entidades. La emisión de papeles comerciales por parte del grupo (aparentemente sin el conocimiento de los accionistas) cuyo monto, de acuerdo a los estados financieros ascendía a una suma cercana a los RD$2,300 millones, sin embargo una revisión más exhaustiva detectó papeles por un monto cercano a los RD$8 mil millones. Era obvio que un primer paso debía ser, como lo fue, la destitución del presidente del grupo y el banco.

El acierto del Superintendente de Bancos y del Gobernador del Banco Central fue iniciar un proceso dirigido a blindar el banco y a comenzar a desmontar los papeles a vencimiento, lo cual se cumplió en menos de dos meses gracias a que los accionistas aportaron recursos por un monto cercano a los US$280 millones que permitieron redimir prácticamente el stock de papeles así como también otros depósitos en el exterior.

Resuelto el problema de los papeles, la segunda fase del programa se dirigió a mejorar los índices del banco, que afortunadamente no sufrió retiros de importancia, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el art. 46 de la Ley Monetaria y el Reglamento correspondiente en lo relativo a las «Normas Prudenciales de Evaluación de Activos» En esta parte también los accionistas respondieron de forma responsable y aportaron recursos adicionales que permitieron elevar el Índice de Solvencia por encima del requisito del 10%, establecido en el acápite «e» de la citada ley, así como un proceso de reestructuración interna en concordancia con un plan de regularización según lo establece el artículo 59 de la Ley 183-02.

Este caso, sin precedentes en la historia mundial de las crisis bancarias, en donde un grupo de directores y accionistas han respondido con sus recursos para cubrir el faltante resultado de malas practicas, cuyas implicaciones la justicia deberá determinar, revela el grado de responsabilidad de estos empresarios, que incluso ha sorprendido gratamente al FMI, pero también refleja la mejoría en la calidad de supervisión de la Administración Monetaria y Financiera.

El rescate de este importante grupo financiero, con los aportes de los accionistas y sin un solo centavo del contribuyente, demuestra que al margen de la magnitud de los «agujeros» cuando se cuenta con una Administración Monetaria y Financiera actuando de acuerdo a las leyes y un Presidente de la República respetuoso de la institucionalidad y de la autonomía, es posible afrontar dificultades y malas practicas en una entidad, cerrando la posibilidad al contagio sistémico y sin infligir daños a los contribuyentes o al entorno macroeconómico.

En el caso del Progreso no hay forma de encontrar similitudes con las tres quiebras bancarias del 2003, por el contrario notables diferencias, pues en el caso que nos ocupa la supervisión detectó el problema y los accionistas trajeron todo el dinero para afrontar el «hoyo», mientras los bancos quebrados recibieron miles de millones de pesos en facilidades del BC, recursos que en su mayoría de acuerdo a tres auditorias realizadas recientemente, fueron a parar al exterior, a eliminar sobregiros o incrementar los prestamos a vinculados.

El papel desempeñado por el Superintendente Rafael Camilo, el Gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu, los funcionarios principales de ambas instituciones, así como la Junta Monetaria, que en todo momento apoyó el proceso y aprobó todas las acciones, contrasta con las pasadas autoridades que agravaron los problemas por la forma como afrontaron las crisis antes y después de los respectivos colapsos de Baninter, Bancredito y Mercantil.

La solución de los problemas en el Progreso, en comparación a los costos macroeconómicos y sociales resultados de las quiebras bancarias del 2003, marca un definitivo antes y después, destaca la diferencia entre autoridades capaces y respetuosas de las leyes y por supuesto la responsabilidad de accionistas comprometidos con el país.

ranr14@hotmail.com