La posposición no es un revés

La posposición no es un revés

RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
Si bien las autoridades y el empresariado se habían trazado como meta el primero de julio para ingresar al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la posposición sin fecha fija lejos de significar un revés para el país permite ganar tiempo a las autoridades para negociar condiciones que no afecten sectores productivos mas allá de lo estipulado por el tratado.

El tratado de libre comercio, paso inevitable y necesario luego de que los centroamericanos negociaran en bloque con los EU, representa uno de los pasajes de la vida dominicana en donde sin proponérselo dos partidos políticos y dos administraciones han actuado en la misma dirección. El gobierno de Hipólito Mejía comprendió que quedar fuera del tratado hubiese significado el traslado hacia Centroamérica de las potenciales inversiones y el crecimiento del comercio en la sub-región del Caribe, en perjuicio del país.

Negociación o adhesión, la pasada administración hizo lo que podía y sumó la República Dominicana al CAFTA y por eso comenzó a llamarse DR-CAFTA.

La presente administración, con un Presidente consciente de la importancia de una política exterior pro-activa, también hizo su papel e incluso jugó al rol de “lobbista” comprometiendo legisladores y relaciones en los Estados Unidos a favor de la aprobación del tratado por parte del Congreso norteamericano.

La República Dominicana saliendo de una crisis económica y discutiendo una reforma impositiva y otras reformas para cumplir con los compromisos derivados del programa económico con el FMI, fundamental para dar sostenibilidad al crecimiento con estabilidad, no podía simultáneamente asumir los requisitos para ingresar al CAFTA el primero de enero (como tampoco ninguno de los centroamericanos pudo) debiendo resignar el ingreso a una fecha posterior, el primero de julio.

Desde mediados de diciembre, a pesar del Gobierno estar concentrando sus esfuerzos en la aprobación del presupuesto, inició el proceso de envió de las documentaciones requeridas por los negociadores norteamericanos y en los meses subsiguientes, como ellos recomendaron, los borradores de decretos, reglamentos, resoluciones y modificaciones a leyes. Sin embargo, los meses transcurrieron y hasta la fecha el Departamento de Comercio de los EU sólo ha devuelto las observaciones a cuatro de 18 documentos depositados por el Gobierno.

¿Acaso el Departamento de Comercio de los EU no cuenta con el personal para revisar documentaciones de todos los países signatarios pendientes de ingresar al CAFTA y otras naciones en vías de concertar acuerdos similares? La realidad es que los negociadores, en muchos casos comprometidos con intereses específicos de sectores productivos, aparentemente han utilizado esa táctica dilatoria para presionar a la parte dominicana a adoptar legislaciones no contempladas en el tratado y que eventualmente pueden afectar a la industria farmacéutica local.

El cuello de botella reside en la protección de la información no divulgada o datos de prueba de los medicamentos y los agroquímicos, que se ha pedido a la RD exija de forma obligatoria, lo cual equivaldría a la protección por cinco años, además de los 20 años por patente, estableciendo un derecho exclusivo sobre los medicamentos, afectando la producción local de fármacos similares o genéricos.

En un negocio de US$250 millones, grande para nuestras empresas, un granito de arena a las multinacionales farmacéuticas norteamericanas- en donde la industria local maneja el 35% del mercado, la implementación del dato de prueba podría provocar el cierre de industrias locales y el encarecimiento de la salud, por cuanto las medicinas norteamericanas son en muchos casos dos y tres veces más costosas que las equivalentes de factura local.

Las autoridades dominicanas han mantenido una posición firme argumentando que el articulo 15.10 del tratado no estipula, como requisito para el registro sanitario de los productos farmacéuticos y los agroquímicos, la obligatoriedad de la “información divulgada” y sostienen su aplicación podría extender perjudicialmente los monopolios de las patentes de las multinacionales farmacéuticas. Del otro lado los importadores de medicamentos, asociados en ARAPF, consideran la no aplicación provocaría que al país no puedan ingresar fármacos con nuevos descubrimientos.

A pesar de haberse trazado una fecha, el Gobierno ha actuado correctamente no permitiendo que las presiones sutiles de los negociadores conlleven introducir elementos ajenos al tratado y perjudiciales a sectores productivos. Al fin y al cabo no es cierto que se van a desviar inicialmente las inversiones potenciales ya que el país más atractivo del istmo, Costa Rica, tiene una agenda pendiente de resolver mayor a la RD y los agentes económicos están conscientes que el ingreso es un camino sin retorno, en donde es cuestión de negociaciones y tiempo.