La interpretación constitucional de la Suprema (1 de 2)

La interpretación constitucional de la Suprema (1 de 2)

MANUEL RAMÓN MOREL CERDA
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia actuando como Tribunal Constitucional, a propósito de un recurso de inconstitucionalidad incoado por algunas asociaciones contra varios artículos de la Ley de Migración, es una sentencia para ser leída y luego analizada con la lupa de una arquitectura jurídica fría y desapasionada.

En un primer examen, la mencionada pieza de la impresión de que se trata de un ostensible esfuerzo intelectual en trance de alumbrar un instrumento jurídico bien estructurado, con una uniformidad direccional y una coherencia redactora que concitan la atención, para arribar a un criterio deseado por la mayoría del pueblo dominicano.

La Suprema hubo de someter a estudio todas las legislaciones sustantivas y adjetivas, disponibles, amén de las convenciones, internacionales pertinentes para alcanzar su propósito. ¡Loable esfuerzo!.

Ahora bien, en un examen más a fondo de ese relevante instrumento jurídico se advierte que la Suprema se ha cobijado bajo un esquema de interpretación constitucional libre, que le permitió interpretarlo todo, desde el sentir de las mayorías hasta la propia Constitución de Haití, como si estuviera fallando por disposición general para la Isla de Santo Domingo y no solamente para la República Dominicana.

Era, entonces, de esperarse que de ese amplio y confuso abanico de colores, quedasen en un limbo jurídico un sinnúmero de situaciones jurídica específicas, que hará necesaria la intervención del Congreso Nacional para que legisle complementariamente sobre las mismas.

La singular circunstancia de que la sentencia de marras haya sido aplaudida casi únicamente por todos los sectores agrupados alrededor de esa tendencia mueve a suspicacia y por tanto, aguijonea la oportunidad de hacer una reflexión profunda, pasiones aparte, acerca del contenido jurídico, del contenido axiológico y del contenido social de la misma.

Examinando exclusivamente el aspecto procedimental, en lo atinente al método de interpretación constitucional adoptado por la Suprema, se advierte de manera evidente y resaltante, que la más alta instancia judicial ha expresado: «el hecho de ser la Constitución la norma suprema de un Estado, no la hace insusceptible de interpretación, como aducen los impetrantes, admitiéndose modernamente, por el contrario, no sólo la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia, sino la que se hace por vía de la llamada interpretación legislativa, que es aquella en que el Congreso sanciona una nueva Ley para fijar el verdadero sentido y alcance de otra, que es lo que en parte ha hecho la Ley general de Migración No. 285-4». (Fin de la cita).

De lo que se colige que el más encumbrado estamento judicial de nuestro país ha proclamado el régimen de la más amplia y libre interpretación Constitucional (la doctrinaria, la jurisprudencial y la legislativa), saltando por encima de todas las modalidades de interpretación reconocidas por la doctrina universal y dando por sentado que una ley adjetiva puede modificar a otra de carácter sustantivo. Según parece entenderse de esta postura adoptada por la Suprema, se podría afirmar sin lugar a equívocos, que ninguna otra sentencia emanada de su seno, en toda su historia, ha puesto más a prueba la valoración interpretativa, que como se sabe esta subsumida en el controversial tema del control judicial de la constitucionalidad.

La doctrina mundial ha reconocido dos tipos de interpretación constitucional: 1ro. La axiológica, basada fundamentalmente en los principios morales, y otra, la 2da. ecléctica, más laxa que la admite en aquellos casos que tocan a la participación judicial en el proceso, a la vía para esclarecer intereses difusos de las acciones de clase, a la que tiene que ver con la intervención del amicus curiae y aquella de la ampliación de las acciones declarativas.

La interpretación axiológica, o sea la primera, está interconectada con la interpretación epistémica vinculada al proceso democrático, que cuenta entre sus más connotados partidarios al famoso Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Learned Hand y al tratadista, también estadounidense, Michael Walzer, entre otros, quienes se oponen a que los jueces tengan «la última palabra» en lo tocante al gobierno de un país en un régimen democrático liberal. Hand ha dicho al respeto, refiriéndose al tema: «Yo pienso que sería extremadamente molesto ser gobernado por un grupo de guardias platónicos, aún si supiéramos como elegirlos, lo que yo con toda seguridad no se. Si ellos, agrega el magistrado, estuvieran a cargo del gobierno, yo perdería el estímulo de vivir en una sociedad en la que tuviera, al menos teóricamente, alguna parte en la dirección de los asuntos públicos». Esto está asociado con el planteamiento del autor de «Filosofía y Democracia» (1981), quien en un interesante señalamiento protesta por la arrogancia de las filosofías de pretender llegar a «conclusiones valorativas por la mera reflexión individual sin verse involucrados en el proceso democrático pretendiendo que los jueces sean vehículos de esas conclusiones».

En resumen, la posición de la doctrina axiológica y epistémica se puede glosar en esencia en estas expresiones del constitucionalista argentino Carlos Santiago Nino, cuando afirma que «el método democrático es más confiable que cualquier método alternativo de decisión, incluyendo el judicial, para llegar, en general, a soluciones correctas «Fundamentos de derecho Constitucional», con el subtítulo de «Análisis filosófico, jurídico y politológico de la practica constitucional» (año 2002).