La cultura de los derechos

La cultura de los derechos

Mucha gente criticó al Partido Revolucionario Dominicano, a su presidente, el Ing. Miguel Vargas Maldonado, y  a un grupo de altos dirigentes de dicho partido, cuando, en reacción a decisiones sumarias y arbitrarias de suspensión y expulsión adoptadas por una facción sediciosa reunida en Comisión Política irregular, acudieron al Tribunal Superior Electoral, a fin de que la más alta jurisdicción electoral declarara la nulidad de dichas decisiones y amparara los derechos fundamentales de los afectados.

Algunos de esos críticos al parecer añoraban los tiempos de la montonera, de Concho Primo y de los generales de pelo en pecho, en que los diferendos internos de los partidos se resolvían a balazo limpio, y no escondían su desdén hacia quienes acudían a los mecanismos institucionales establecidos para la resolución de este tipo de controversias.

 Quienes así reaccionaron en gran medida ignoran que, mal que bien, de modo paulatino pero progresivo, la sociedad dominicana se encamina por el sendero de una cultura del Derecho y los derechos, en donde los conflictos políticos y sociales tienden a juridificarse y, por tanto, a resolverse por la vía jurisdiccional, que es la adecuada para atender los reclamos fundados en Derecho.

Es precisamente a esta cultura jurídico-institucional a la cual responde la Constitución de 2010, una Constitución que no solo recoge en su articulado las demandas ciudadanas expresadas en una larga e intensa consulta popular a lo largo y ancho del país, sino que también, fruto del pacto entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández, representa el consenso político necesario para prohibir la reelección presidencial, bajo la fórmula de José Francisco Peña Gómez concretada en 1994, y establecer el anhelado Tribunal Constitucional por el cual tanto lucharon los liberales dominicanos desde la muerte de Trujillo.

 ¿Qué significa que los dominicanos tratamos de enrumbarnos por los senderos de una cultura de derechos? Significa que toda demanda política, todo reclamo social, toda política pública, tiende a expresarse y resolverse por medios jurídicos, de modo que la política se juridifica, el Derecho se judicializa y los derechos se convierten en conquistas sociales. Para decirlo con las palabras del alemán Rudolf Smend en 1928, “con independencia de cualquier consideración acerca de su validez jurídica los derechos fundamentales son los representantes de un sistema de valores concreto, de un sistema cultural que resume el sentido de la vida estatal contenido en la Constitución. Desde el punto de vista político, esto significa una voluntad de integración material; desde el punto de vista jurídico, la legitimación del orden positivo estatal y jurídico. Este orden positivo es válido sólo en cuanto representa este sistema de valores y precisamente por él se convierte en legítimo”.

 La cultura de derechos implica asumir la Constitución como cultura y a los derechos fundamentales como conquistas culturales. Aparece así la educación como una tarea fundamental del Estado y la escuela “como un lugar de aprendizaje de la ciudadanía democrática y de transmisión de los valores constitucionales y de la cultura de los derechos” (Javier Tajadura Tejada). 

Por ello, la Constitución dispone que “con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica” (artículo 63.13). La Constitución, en consecuencia, debe ser texto docente en las escuelas. Y es que, como señala Peter Haberle, “¡la escuela de la Constitución es la escuela!”. Por eso el Estado, más que definirse como aquel que ejerce el monopolio de la legítima violencia (Max Weber), debe entenderse como el que ostenta el “monopolio de la legítima educación” (Gellner).

Es por todo lo anterior que, como señala Luigi Ferrajoli en “Poderes salvajes”, “la batalla por la democracia es hoy, como siempre, una batalla sobre todo cultural. En un doble sentido: en el sentido de que el nexo entre democracia y Constitución es un hecho cultural, hoy desaparecido del sentido común, y en el sentido, más general, de que el desarrollo de la cultura es un factor esencial de la construcción de la democracia”.