Gobernadora de Arizona apelará en las próximas horas decisión de jueza sobre ley migratoria

Gobernadora de Arizona apelará en las próximas horas decisión de jueza sobre ley migratoria

Washington, (EFE).- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer,apelará hoy la decisión de una juez federal de suspender las partesmás polémicas de la ley SB1070 contra la inmigración ilegal, en elmarco de una batalla legal que podría llegar hasta el TribunalSupremo estadounidense.          

El miércoles, la juez federal Susan Bolton bloqueó partesesenciales de la ley SB1070 contra los indocumentados en Arizona, yreactivó una lucha constitucional entre la soberanía de los estadosy los poderes del Gobierno federal.          

Paul Senseman, un portavoz de Brewer, dijo que el Gobierno deArizona pedirá hoy al noveno tribunal de apelaciones que revoque eldictamen de Bolton y agilice su revisión del caso.          

Brewer, que busca la reelección este año, dijo el miércoles quellevará el caso hasta el Tribunal Supremo de ser necesario.          

«Esta lucha está lejos de terminar. De hecho, apenas comienza, yal cabo de lo que con seguridad será una larga batalla legal,Arizona prevalecerá en su derecho a proteger a nuestros ciudadanos»,dijo Brewer en un comunicado.          

No es la primera vez que ambas partes «pelean»: muchos estados yahan demandado al Gobierno federal por la puesta en marcha de lareforma de salud, parte de la cual afecta los poderes estatales.          

La SB1070 afronta siete demandas, incluyendo la que entabló elDepartamento de Justicia con el argumento de que Arizona se atribuyetareas de inmigración que recaen sobre el Gobierno federal.          

La Constitución establece en la Décima Enmienda cuáles son lospoderes que pertenecen exclusivamente a cada uno de los 50 estados,que gozan de cierta soberanía para algunos asuntos, al tiempo que la»supremacía» de la ley federal sobre las estatales.          

Bolton, y varios expertos legales, creen que la AdministraciónObama ganará el argumento de que las tareas policiales deinmigración recaen únicamente en el Gobierno federal.          

El principal autor de la ley, el legislador estatal republicanoRussell Pearce, confía en que Arizona ganará el caso.          

Randy Pullen, presidente del Partido Republicano de Arizona,considera «irónico» que el Gobierno de Obama acuse al estado deusurpar la autoridad federal «cuando aparentemente el Gobierno haatropellado la décima enmienda desde el principio».          

Mientras se resuelve la batalla, los grupos pro-inmigrantes semanifestarán hoy frente al Capitolio estatal para frenar la SB1070por completo y exigir una reforma migratoria.          

La SB1070 entró en vigor hoy, pero sin los elementos máspolémicos que le insertó legislatura estatal.          

La policía de Arizona no podrá investigar el estatus migratoriode las personas arrestadas sólo en base a sospechas, y tampoco sepodrá imponer sanciones criminales a inmigrantes que no porten susdocumentos migratorios.          

El fallo suspende la creación de una categoría que convierte enun crimen la búsqueda de empleo por parte de indocumentados, comosucede con los jornaleros en sitios públicos.          

Bolton dejó en pie, sin embargo, la parte que convierte en delitode menor cuantía el dar albergue y transportar a indocumentados.          

El actual recetario de deportaciones masivas es objeto decríticas de grupos progresistas, que temen que si el Congreso noreforma el sistema migratorio, más gobiernos estatales seguirán elejemplo de Arizona.          

Para el 30 de junio, 44 legislaturas estatales aprobaron 191leyes y 128 resoluciones de inmigración, según la ConferenciaNacional de Legislaturas Estatales. De ese total, cinco fueronvetadas y 314 entraron en vigor, un incremento del 21 por cientosobre el mismo periodo en 2009.          

Ninguna de ellas como la SB1070, aunque ya se han presentadooficialmente leyes similares en Carolina del Sur, Pensilvania,Minesota, Rhode Island, y Michigan.         

Si esa tendencia se mantiene, el Tribunal Supremo tendrá ante síla continua pugna entre los gobiernos estatales y el federal, que seaferra a la cláusula de «supremacía» consagrada en la Constitución.EFE