Fray Arístides Jiménez dimite también Comisión Indultos

<P>Fray Arístides Jiménez dimite también Comisión Indultos</P>

El  coordinador  nacional de la Pastoral Penitenciaria,  fray Arístides Jiménez Richardson, renunció ayer a la Comisión de Indultos debido a que rechaza el indulto que firmó el presidente Leonel Fernández para favorecer con la puesta en libertad a Vivian Lubrano de Castillo, condenada por desfalco bancario, y  los miembros del Plan Renove, condenados por estafa al Estado dominicano.

Jiménez Richardson, también director ejecutivo del Patronato Penitenciario, dijo que no se le consultó para concederle el perdón a Lubrano de Castillo, ex ejecutiva del quebrado Banco Intercontinental (BANINTER), como tampoco a los transportistas Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa y Pedro Franco Badía.

El sacerdote, que dirige los trabajos de la Iglesia Católica en las cárceles del país, dijo que no se le consultó a pesar de que se reunieron en días pasados en la Procuraduría General de la República, donde “ponderamos minuciosamente  los candidatos idóneos para obtener este especial perdón, sin que nadie fuera aprobado”.

El sacerdote declaró que se siente muy lastimado con  la posición en que queda la Comisión de Indultos, luego de  la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo, de otorgar la libertad del grupo de personas, las cuales fueron condenadas en varias instancias.

“Nos sentimos lastimados en cuando a las funciones que nos corresponden como Comisión de Indultos. La citada determinación fue tomada sin consultarnos”, advierte Jiménez Richardson en un comunicado enviado ayer a este diario.

Expresa que reconocen la indulgencia que se tiene en tiempos de Navidad con los definitivamente condenados, como una facultad privilegiada del Poder Ejecutivo, y viendo el decreto 847-08, y lo comentado a través de los medios de comunicación, se siente lastimado.

“En tal virtud, doy a conocer mi formal renuncia como miembro de la Comisión de Indultos”, termina diciendo el coordinador nacional de la Pastoral Penitenciaria.

Lister: Que sea la gente la que cuestione

El director de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Octavio Lister, declaró ayer que prefiere que sea la ciudadanía  la que emita su opinión en relación con los indultos  otorgados esta semana  por el presidente Leonel Fernández.  Dijo que la respuesta le causó sorpresa, pero que desconoce las motivaciones que tenía el presidente para su decisión, que argumenta que  le confiere el artículo 55 de la Constitución de la República.

La clave

Más de Octavio Lister

El funcionario gubernamental encargo de perseguir la corrupción e instrumentar los expedientes en los tribunales, señaló cuando se le entrevistó sobre estos indultos, que  en muchos casos de corrupción se lleva sorpresa de decisiones que toman las instituciones. Empero manifestó que la  labor de la DPCA “es seguir la lucha contra la corrupción, instrumentando bien los expedientes y sometiendo los casos”. El DPCA fue el organismo que batalló en los tribunales para que fueran condenadas las personas que hoy disfrutan de libertad, mediante un perdón firmado por el presidente del país.

Parecer del fiscal

El fiscal del Distrito Nacional, Moscoso Segarra, respaldó los pronunciamientos de Octavio Lister, tras indicar que habría que ver las motivaciones que tuvo el procurador general Radhamés Jiménez Peña, para emitir una opinión favorable en el caso de los  indultos.

Agradecido

El sindicalista Gervasio de la Rosa  mostró su agradecimiento al presidente  Leonel Fernández, por emitir el decreto que lo dejó en libertad, tras nueve meses y diez días de permanecer en prisión.

«Nosotros agradecemos la benevolencia del Presidente de la República por el indulto, lo que creemos lo hizo porque sabía que éramos inocentes del expediente por el que fuimos sentenciados», manifestó en declaraciones a reporteros de HOY.

De la Rosa, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte (Fetranreno), dijo que continuará «echando el pleito», porque entiende que debe demostrarle a los jueces que estaban equivocados al emitir el fallo. Afirmó que en el Plan Renove no hubo desfalco y que nunca se manejó dinero.

De la Rosa fue sentenciado a dos años de prisión, pero cumplió menos de  la mitad.