Excluyen a Moya Pons de expediente rockash

Excluyen a Moya Pons de expediente rockash

POR ANSELMO SILVERIO
MONTECRISTI.- El ex secretario de Medio Ambiente, doctor Frank Moya Pons, y el síndico de Manzanillo, Rafael Guzmán, fueron excluidos de la acusación contra cuatro acusados de introducir al país  56,845 toneladas de rockash, denunció ayer el abogado Rafael Acosta.

De su lado, el doctor Ramón Arístides Madera Arias denunció ante el procurador general, licenciado Andrés Chalas Velázquez, que ha recibido amenazas de muerte tras el depósito del material rocoso en el puerto de Manzanillo.

Chalas Velázquez y Madera Arias entregaron ayer el expediente a la juez de instrucción de Montecristi, Marta Sanz Ferreira.

En este expediente sólo aparecen como acusados, Domingo Antonio Rosario Pimentel, presidente de la sociedad comercial Trans Dominicana de Desarrollo; el doctor Héctor René Ledesma Hernández, ex subsecretario de Medio Ambiente; Roger Charles Fina, presidente de la sociedad comercial Multigestiones Valenza y el licenciado Rosendo Borges Rodríguez, ex director de la Autoridad Portuaria.

De su lado, la juez apoderada del expediente prometió estudiarlo.

Chalas Velázquez y Madera Arias consideraron que urge el retiro de este material tanto de Manzanillo como del puerto de Arroyo Barril, en Samaná.

ABOGADO DE LA DEFENSA

Acosta reaccionó molesto cuando se enteró que tanto Moya Pons como Guzmán no aparecen en el expediente y sostuvo que a estos hay que implicarlos en el depósito del material rocoso.

«Cedacearon  el expediente y sacaron de los mismos a estos dos señores. Es una lástima que todavía la justicia se esté manejando con esos métodos tan horribles», sostuvo Acosta.

Manifestó que el síndico de Manzanillo habría sido quien firmó el permiso final para que la compañía depositara el material rocoso en el muelle de Manzanillo.

 En cuanto a Moya Pons, el doctor Acosta dijo que habría autorizado que el rockash fuera depositado, además de Manzanillo, en el puerto de Arroyo Barril.

En la pieza acusatoria, el Ministerio Público solicita una audiencia preliminar para la imposición de medidas de coerción contra los acusados y requerimiento de apertura de juicio, conforme a las disposiciones del Código Penal.