El Instituto de Ciencias Forenses

El Instituto de Ciencias Forenses

WILFREDO MORA
Pocos conocen de la función social, de la misión y el objeto, de la verdadera naturaleza de un instituto de ciencias forenses; pocos saben, en realidad, para qué sirven las ciencias forenses, las cuales gozan de una gran base teórica, pero, en sus efectos, ella sólo tienen utilidad práctica. La literatura moderna sobre las ciencias forenses es inabarcable, aún en lengua española, y solo se le equiparan las ciencias jurídico-penales, incluyendo la criminología y sus derivados.

Más que decir que el objeto de estudio de las ciencias forenses es el descubrimiento del delito, lo que cuenta es la vulgarización de sus términos y premisas, para que juristas y jueves puedan entender sus conocimientos, y puedan descubrir esta verdad que permite a la Medicina legal y la Policiología, de manera sencilla objetiva, ser accesible a los que investigan los hechos punibles.

Los fallos de los jueces se apoyan en esta verdad, en la calificación de los hechos verificados con capacidad científica (piénsese aquí en el laboratorio forense), y con la persona autorizada que es el perito. La opinión de los peritos es lo que se llama dictamen.

En los países donde se hace Ciencias Forenses éstas se expresan a través de órganos, el gasto económico es muy elevado, la capacidad de sus peritos es verdaderamente óptima, y la colaboración entre medicina forense-criminalística-administración de justicia es clara, de gran ética, y goza de tradición.

El ejercicio de las ciencias forenses comprende un campo común, un «terreno de dos», convirtiéndola en una ciencia «híbrida», obligándola a entenderse con el mundo del derecho. El signo distintivo de las ciencias forenses es que para poderlas ejercitar necesitan previamente de un cuerpo legislativo que, en principio, se identifique con los objetivos que persiguen estas tecnologías y técnicas específicas, y luego, convertir en institución la función de Policía Judicial en la que ha de aplicar los grandes principios y las enseñanzas que permiten al perito experto aplicarlos al esclarecimiento de cuestiones judiciales, mediante sus dictámenes; y al jurista aprovecharlos, interpretarlos y resolverlos a partir de lo dictaminado por los peritos.

Es obvio que nada de esto funcionaría si no es a través de un órgano especializado. El primero de ellos fue el Instituto de Patología Forense, que se ocupa en mayor jerarquía de la Medicina Legal, y luego el Laboratorio de Criminalística de la P. N.; de este último no dispone ningún vínculo formal, pero sí de manera empírica ha estado sirviendo al Ministerio Público.

Es así como nuestra justicia forense ha alcanzado una tendencia, buscando un nuevo orden, una nueva unidad y una integración que es casi una exigencia tras el cambio del modelo de la justicia procesal, que ahora se fundamenta más en la prueba pericial y en la labor de los nuevos peritos: los médicos forenses.

Para poder comprender la función del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana, es esencial familiarizarse con la legislación que lo ha creado (la resolución No. 16956, que de seguro no va a ser la única), ya que a través de ella se prescriben cuidadosamente la forma de cómo se ha de seleccionar a los peritos, designación en su cargo, orientación en su actuación, recibir sus dictámenes y finalmente utilizarlos.

Son las normas internas del INACIF, que están pendiente de redacción.

Las reglamentaciones que se vinculan a las ciencias forenses han sido muy escasas en nuestro país; para cambiar estas deficiencias, la creación del INACIF es todo un gran salto de avance. Un verdadero proyecto de integración, que hace posible, de acuerdo a criterios idóneos el ejercicio del conjunto de ciencias forenses, que hasta ahora están ausentes en el escenario de las universidades (que deben incorporarse ya), y que la justicia reclama de acuerdo a un viejo ideal: humanidad y rigor científico en la esclarecimiento de los casos.

De la experiencia del Instituto de Patología Forense (IPF), en el 1989, surgió la Residencia Médica (creada en 1996) para convertir a los médicos en forenses. Ahora es visión del INACIF, sustituir a todos los legistas que pertenecen a él (unos 50 en total) por médicos forenses, pero enrolándolo en dicha residencia médica.

La legislación de procedimiento criminal, anterior a la nueva Ley 76-02, impuso muchas obligaciones a la medicina legal nacional: entre ellas, practicar muchos exámenes, reconocimiento de evidencias para ser analizada por el juez, y emitir los dictámenes medicolegales. Esta ley procesal penal actual pide que se haga una relación más detallada de todas las operaciones que practican los expertos forenses y de sus resultados.

El máximun de rendimiento útil que la sociedad ha esperado de las cualidades del perito forense tienen una oportunidad en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Hace poco un médico legista del INACIF me confesó que algunos de ellos son muy mal remunerados, y otros. Hago el cotejo para rendir la utilidad de que el magistrado Procurador General de la República sea receptivo de esta situación, y estoy seguro que hago bien.

Interesado por la patología forense, a pesar de que distingo como criminólogo clínico, actualmente abogado, deseo ir, ahora, en otra dirección. Y tiene que ver con la cuestión de que los médicos forenses no son patólogos forenses. Los legistas son médicos con o sin especialidad, pero no son forenses. No existe en la sociedad dominicana una «Sociedad Dominicana de Patólogos Forenses», a quienes corresponderá coordinar la cooperación medicolegal con la justicia, desarrollar institucionalmente la tarea de los médicos forenses, hasta que desaparezcan gradualmente los legistas.

Hace ya un tiempo un amigo me confesó que la única patología forense que él conoce es la que Sarita Valdez ha convertido en periodismo, escribiendo siempre en una dirección que uno interpreta no es la propia del perito forense, que generalmente actúan con la ética propia de los forenses, en situaciones a veces creadas por él mismo. Los profesionales medicolegales que se valen de los medios pierden la confianza de los jueces, que prefieren a un perito exclusivo de los tribunales. De ahí la expresión: los peritos solo dictaminan.

El doctor Sarita Valdez actualmente es Sub-secretario de Estado de Salud Pública, tiene la autoridad suficiente para advertir las amenazas que se ciernen sobre el INACIF; por su experiencia puede orientar en relación a los pasos pendientes de esa joven institución, de forma oficiosa y de manera institucional. Pero ha preferido lanzar ataques a esta institución de marras, los cuales son muy equívocos y desesperados; algunos no se sorprenden de los escribas. No es raro que hasta lo crean director del INACIF.

No suelo polemizar en los medios, pero quiero contar la siguiente historia, relacionada al nacimiento del natimuerto Instituto de Ciencias Forenses, entonces Proyecto de la Cámara de Diputados, en la que para el año 2002, me desempeñaba, sí, como Asesor Nacional Externo (de acuerdo al Convenio de Préstamo No. 7185 – RD; Banco Mundial).

El proyecto en cuestión fue elaborado por el doctor Vertilio Cornielle Segura y el ex-Jefe de la P. N., Manuel de Js. Pérez Sánchez. Aquello fue un mal diseño, casi un calco mal hecho de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, No. 5524, de Costa Rica. Pero era algo. Era mucho para el inicio de las ciencias forenses que todavía no despegan en el país. Lástima que ocurrió lo de siempre: las autoridades dominicanas no están entrenada para crear proyectos originales; no saben actuar en función de necesidades y nutrirse de los límites a las capacidades que se poseen.

Un asunto sí era claro en aquel proyecto: era gubernamental, como lo es hoy el INACIF, creado por iniciativa de la Procuraduría General de la República, como representante jurídico del Estado. No es mala idea que el proyecto de entonces cayera en manos del Poder Judicial, tal como ocurre en otros países latinoamericanos, más vinculante a los tribunales, que al Ministerio Público.

Lo que afirmo ahora está en Acta de la Comisión de Salud. Desde mi calidad de coordinador de la Comisión, para la realización del taller que debía depurar y ajustar el proyecto, que no pudo discutirse nunca y perimió en 6-7 ocasiones, desde su origen, comprendí lo difícil que va a cuando empiece el instituto. La razón, entre otras más, es que al parecer existe una rivalidad profesional entre Sarita Valdez y Vertilio Cornielle, que en nada beneficia al clima del momento, pendiente de inaugurar el INACIF. Unos están con él; otros en su contra. Todo esto resulta muy lamentable entre las personas que más tiempo han dirigido esa rama forense, que se llamó el Instituto de Patología Forense, proyectando un mal ejemplo para los nuevos cuadros.

Aquí termino. Lamento haber dado más importancia al doctor Sarita de la que en realidad merecía el INACIF. Lo que deseen conocer de esta organización les invito visitar su website, en el que se incluye casi todo lo que considera positivo y de utilidad, incluyendo todas las legislaciones que tienen que ver con que sea ya una realidad. No sé si el doctor Sarita aspirará en el futuro a dirigir el INACIF, pero yo sí. Debí haberme ganado la confianza del actual Procurador General, de haberlo persuadido para dirigir los procesos y operaciones propios de la investigación criminal.

No obstante, estamos muy esperanzados. Una última evocación: de las ciencias forenses, quizás tenemos la letra, pero definitivamente nos hace falta la música.