El caso de una dudosa deuda de Venezuela

El caso de una dudosa deuda de Venezuela

Bonos emitidos por un banco de desarrollo agrícola venezolano que quebró hace 23 años se han convertido en el centro de un proceso que pone a prueba el poder de los tribunales de Estados Unidos para proteger a los inversionistas en mercados emergentes. El caso todavía pudiera volverse una situación incómoda para el gobierno venezolano, dirigido por el presidente Hugo Chávez, o bien pudiera terminar simplemente como una anécdota de alerta para los inversionistas en mercados emergentes.

En 1981, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO) de Venezuela emitió papeles promisorios por US$1 millardo, amparados por la ley de Suiza. Desde entonces, periódicamente han surgido reportes de que están circulando certificados de bonos falsificados de BANDAGRO.

El gobierno de Venezuela asumió la responsabilidad por las obligaciones auténticas de BANDAGRO después de la quiebra, convirtiendo cualquier disputa sobre los papeles de BANDAGRO en un tema político. Con los intereses, el costo total del pago de todos los bonos emitidos inicialmente alcanzaría US$6 millardos, más del total anual de las necesidades financieras del gobierno.

A mediados de 2002, una compañía registrada en Panamá, llamada Triad FFC intentó redimir una partida de notas de BANDAGRO, que según Triad tenían un valor de cerca de US$1 millardo. Triad dijo que adquirió los papeles en 1987. Las posibilidades de cobrar algo de esos bonos parecieron buenas durante algún tiempo, cuando Oscar Guzmán Cova, el asesor legal del Ministerio de Finanzas venezolano determinó que los bonos de Triad eran válidos, una decisión que inicialmente fue respaldada por una opinión legal en octubre de 2003 de Marisol Plaza, la fiscal general de Venezuela.

Pero a finales de 2003, parece que la señorita Plaza emitió una segunda opinión legal declarando que los bonos de BANDAGRO eran falsificaciones, y por lo tanto, carecían de valor. Por esos días, el señor Guzmán fue despedido de su cargo en el ministerio. Waldemar Cordero Wale, el ex funcionario de BANDAGRO, cuya firma aparece en los bonos, declaró públicamente que él no los había firmado.

A Sky Ventures, un fondo de inversiones privadas para individualidades de alto valor neto radicado en Columbus, Ohio, se le ofrecieron los bonos por parte de Triad. Skye se especializa en inversiones en «situaciones especiales», y compra los títulos con grandes descuentos.

David Richard, jefe ejecutivo de Skye, dijo que Triad no contaba con los recursos necesarios para presionar el pago de Venezuela. Después de cinco meses de diligencias, que implicaron viajes a Suiza y consultas con los jueces venezolanos, Skye compró bonos con un valor nominal de US$100 millones, y un valor actual declarado -por la acumulación de intereses- de cerca de US$600 millones.

El fallo de la señorita Plaza les dio alguna confianza de que con los recursos a su disposición ellos pudieran tener éxito donde Triad había fracasado. «Había una estrategia de ignorar la obligación, y eso probablemente hubiera tenido éxito» frente a Triad, de acuerdo con el señor Richards.

Skye exigió el pago, fue rechazado, y llevó el caso a Ohio en 2004, alegando que el gobierno venezolano estaba obligado bajo sus propias leyes a reconocer la primera decisión de la señorita Plaza como final e inapelable.

La turbia historia de los bonos, y el desafío abierto del señor Chávez a EEUU pudiera indicar que las posibilidades de Skye son limitadas. Sin embargo, Skye ha conseguido un fuerte equipo de abogados. Román José Duque corredor, un profesor de Leyes y ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, aportó un afidávit en el cual alega que «no queda duda» de que el primer fallo de la señorita Plaza fue «imperativo, absoluto y obligatorio».

Se espera que el juez en Cleveland decida pronto si la primera opinión de la fiscal general debió haber sido obligatorio o si a Venezuela se le puede permitir investigar si ese fallo estuvo teñido de fraude.

El señor Richards cree que la segunda opinión «altamente sospechosa», que solo contaba con cuatro páginas, a diferencia de su predecesor, tenía más de 50 páginas «se demuestre que es falso». Este no se le entregó al tribunal hasta mayo de 2005, nunca apareció durante 2004 en la presentación legal, y la señorita Plaza no aludió a él en una entrevista que concedió a un periódico sobre el caso en 2004.

Skye contrató sus propios expertos forenses, que juraron que las firmas en los bonos son auténticas. Venezuela presentó entonces una declaración escrita autorizada del fiscal general, una copia de la cual obtuvo el Financial Times, en la cual la señorita Piaza afirma que la opinión legal de diciembre de 2003 «aclaró expresamente» que la «opinión inter-administrativa» de octubre de 2003 no actúa como la certificación de ninguna de las notas de BANDAGRO porque la documentación que se le entregó a ella entonces había sido «insuficiente e incompleta».

La señorita Plaza añadió que un análisis de expertos policiales demostró que las notas, las firmas, los sellos y el mismo papel de los bonos eran falsos. Alega, por lo tanto, que el descubrimiento legal de diciembre de 2003 revoca la de octubre, y declara la «impropiedad» del reclamo.

Sin embargo, el señor Richards dice que ella se está refiriendo a una partida anterior de papeles de BANDAGRO que fueron reclamados en 1998. «Puesto que nuestras notas no fueron inspeccionadas por nadie en 1998 -estaban bajo custodia- sabemos que eso no es cierto», dijo.

Aunque los resultados parecen estar en su contra, no se da por vencido. «No hay dudas de que BANDAGRO emitió US$1 millardo en bonos en 1981. Y hay muy pocas pruebas de que alguna haya sido retirada alguna vez», dijo. «Yo nunca pensé que ellos tratarían de aparecerse con algo como esta segunda decisión mágica».
(Versión: Iván Pérez Carrión)