EDITORIAL

EDITORIAL

Dos casos recientes, que no son los únicos, afianzan la preocupación de muchos sectores del país por el deterioro de la seguridad de los ciudadanos y la reincidencia en la violación de mandatos emitidos por la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público al momento de dar vigencia al nuevo Código Procesal Penal.

La preocupación la genera la forma, el estilo, conque la autoridad policial enfrenta a civiles contra los cuales no axiste orden judicial de apremio y que no han ofrecido resistencia al ser detenidos.

Por la tendencia al uso de la fuerza que predomina en un número apreciable de policías, ha quedado mutilado un prospecto de Grandes Ligas, Juan Carlos Manzueta, a quien según versiones agentes de la Policía arrestaron, hicieron acostar en el suelo y le dieron tres balazos en la pierna derecha, bajo el argumento de que el deportista pertenecería a una banda de ladrones.

[b]-II-[/b]

El otro caso lamentable ha sido la muerte por herida de bala en la cabeza de la joven Arlene Pérez, de 25 años, a quien el sargento policial Pablo Valdez Pérez, quien formaba parte de una patrulla del Departamernto de Delitos Monetarios, baleó en el sector Arroyo Hondo.

Según la versión de la Policía, el novio de la muchacha, al notar la presencia de la patrulla, salió con las manos en alto desde el automóvil en que se encontraba con su novia. Aún en esas circunstancias, el sargento disparó alcanzando a la muchacha en la cabeza.

Estos dos sucesos permiten afirmar que es muy frágil la seguridad de los ciudadanos y que cualquiera es susceptible de sufrir las consecuencias de un acto de exceso de poder por parte de quienes deberían ofrecer protección.

No quisiéramos que fuera así, pero la tendencia al gatillo alegre aconsejaría que los ciudadanos se cuiden tanto de los delincuentes como de policías, y en ambos casos las razones son ostensibles.

Nadie aspira a que los policías se dejen cazar por los delincuentes sin defenderse, pues es un miembro de esta misma sociedad a que pertenecemos todos.

[b]-III-[/b]

Aún cuando sabemos que la Policía tiene muchas necesidades, la Jefatura debe intensificar los esfuerzos que hace para ir eliminando este comportamiento que provoca en los ciudadanos comprensible inseguridad.

Es necersario que se insista en el respeto de las prerrogativas que garantizan la libertad de las personas siempre y cuando no haya contra ellas mandato judicial de apremio corporal o se trate de ciudadanos sorprendidos en flagrante delito.

Todavía en los barrios populosos se incurre, aunque debemos reconocer que en menor grado, en el arresto caprichoso de personas, mayormente jóvenes, sin razones valederas, en unos denominados «operativos» que se han convertido en una odiosa práctica.

Aspiramos a que todos los esfuerzos sean dirigidos a mejorar cada vez más el ejercicio de la autoridad; que ese ejercicio no se traduzca en abuso, en mutilaciones o muertes injustificables. Es tiempo de que se enseñe a los policías que son auxiliares de la justicia y que deben permitir que ella haga su papel, y para eso hay que abandonar la práctica de la condena sumaria en que tanto se incurre.