Desacato por los cuatro costados

Desacato por los cuatro costados

El sector empresarial ha tomado una decisión desafortunada al aplazar unilateralmente el aumento salarial de 20% dispuesto por resolución del Comité Nacional de Salarios (CNS). Ese acto -que tiene fuerza de ley- fue votado de común acuerdo con los representantes de los sectores Gubernamental, Empresarial y Sindical, y por tanto no era susceptible manipulación por ninguna de las partes. Incluso, los empresarios pidieron -y se les concedió- la aplicación del aumento en dos partidas, una inmediata del 13% por ciento y otra de 7% en noviembre.
El acatamiento de la resolución de alza salarial no quedó en ningún momento condicionado a que se decidiera previamente la reclasificación industrial. De hecho, los empresarios pidieron dividir el alza en dos porciones para facilitar que las empresas más pequeñas pudieran cumplir el mandato.
Estamos, pues, ante el desacato unilateral de un acto oficial previamente convenido en una gestión tripartita, con la agravante de la retención indebida de un dinero que desde que se emitió la resolución pasó a pertenecer a los trabajadores. Está claro que con ese aplazamiento, los empresarios buscan aplicar una camisa de fuerza en las deliberaciones sobre la reclasificación industrial. Indudablemente estamos ante un abuso de posición dominante, y todos sabemos las razones.

Terrorismo cibernético

El ataque cibernético del fin de semana -cuya amenaza no se ha despejado del todo- se inscribe en una modalidad de terrorismo y delincuencia que los expertos deben contrarrestar antes de que pueda provocar daños mayores. La vulnerabilidad de los sistemas ante programas maliciosos, como el que se ha colado por las redes, puede llegar a comprometer la seguridad de data sensible en los sistemas interconectados a través de las redes. Realmente es incalculable la posibilidad de daño.
En principio, los hackers se han conformado con pedir dinero en la denominación bitcoin. Nadie sabe lo que podrían pedir mañana, y da horror pensarlo. La República Dominicana debe procurar la protección necesaria ante estos ensayos de una modalidad de crimen de última generación con la que habrá que lidiar. Actuemos a tiempo.