Cordura frente a mano dura

Cordura frente a mano dura

Los campesinos de El Seibo han dado una lección de conducta cívica a todo el país. Vinieron caminando desde su provincia a la capital de manera pacífica a reclamar su derecho a las tierras de las que han sido violenta e ilegalmente desalojados, sin que alcanzaran el amparo ni la justicia de las autoridades locales. Tras seis días de espera y de manifestación de su demanda de ser escuchados, fueron nuevamente desalojados con violencia mediante una acción de la fuerza pública consumada en la madrugada del 31 de octubre.
Ante el desalojo, los campesinos han respondido con cordura frente a la mano dura que les ha mostrado de momento el Estado que se resiste a reconocer el derecho que le asiste a todo ciudadano de expresarse y manifestarse públicamente, máxime si se trata de reclamar por sus vidas y sus bienes, que son derechos igualmente garantizados por la Constitución.
En lugar de garantías, las autoridades han blandido todo tipo de bulos para desacreditar el reclamo que firmemente hacen los campesinos y para eximirse de responsabilidad por el reciente desalojo alegando desconocimiento de los hechos. Incluso se ha querido dar a entender que estos han violado la Constitución y las leyes, cuando todo el mundo que ha pasado por allí o ha visto a las personas congregadas por los medios de comunicación se da cuenta de que se trata de gente de trabajo; sencilla, es verdad, pero respetable y honrada, que lucha por la dignidad de poder vivir de su trabajo y en paz.
Son baladíes igualmente los argumentos de que las tierras que corresponden a las parcelas reclamadas del Distrito Catastral 38-5 de El Seibo son válidas para la parte que abusivamente ha desalojado a los campesinos de sus predios, pero no para los campesinos que las ocupaban las mismas parcelas con títulos del IAD desde décadas atrás. Los agrimensores del IAD que realizaron ese trabajo eran profesionales y no podían dar el mismo número a parcelas distintas dentro de un mismo distrito catastral, mucho menos repetir el mismo error con varias parcelas, puesto que las tierras entregadas por el IAD comprenden más de una parcela. En cambio, sí se recuerdan ejemplos de diversos fraudes con terrenos del CEA que en años muy recientes han provocado desgracias, baste señalar la venta de un barrio poblado de la capital.
Es una lástima para el país que sean los trabajadores del campo, que producen las subsistencias de todos y todas, quienes reciban este tratamiento de las autoridades. Este comportamiento anómalo paradójicamente resulta esclarecedor, pues les da toda la razón a los campesinos que han venido hasta la capital para que se les escuche.
El hecho que hoy afecta a cientos de familias de El Seibo, y no solo a los 60 representantes que vinieron acompañados de sus pastores católicos y evangélicos, es una causa social, humana y de interés nacional. Por eso concita cada día más apoyo de la ciudadanía.
Imitando a los campesinos se ha de apelar a la cordura y llamar a la cordura a las autoridades nacionales a fin de que sea devuelta su tierra a los campesinos, hoy desalojados arbitrariamente por poderes fácticos existentes en El Seibo, para que puedan regresar a sus hogares y trabajarlas en paz.

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