Bush duplica fondos para acelerar transición Cuba

Bush duplica fondos para acelerar transición Cuba

WASHINGTON (AFP).- El presidente estadounidense, George W. Bush, aprobó ayer, lunes, una duplicación de los fondos destinados a la disidencia cubana y un mayor control de las sanciones en vigencia contra la isla, con el fin de acelerar una transición política tras la caída de Fidel Castro.

Las recomendaciones del segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, difundido este lunes en el Departamento de Estado, incluyen nuevos fondos por 80 millones de dólares en los años fiscales 2007 y 2008 para romper el bloqueo informativo en la isla y “dar poder a los cubanos para que se preparen para el cambio”.

El nuevo dinero se sumaría a los 35 millones de dólares destinados en el año fiscal 2007 a las anticastristas Radio y TV Martí, así como a los 8 millones para el programa de Cuba de la Agencia estadounidense para el Desarrollo (USAID). Aún deben ser aprobados por el Congreso estadounidense. El informe prevé asimismo fondos adicionales por 20 millones de dólares anuales para la oposición cubana desde el año fiscal 2009 hasta el fin del gobierno de Castro.

La Habana no tardó en responder, y en una nota oficial que divulgó la televisión local calificó la decisión de Bush de “acto violatorio de la soberanía e independencia de los Estados”.

“Como puede apreciarse, en prepotente y bochornosa decisión, se trata de preparar el derribo de un gobierno legítimamente instituido, en abierto desacato a las más elementales normas del derecho y las relaciones”, expresó el comunicado del gobierno cubano.

Al explicar su medida, Bush indicó que el informe y el “compacto para el pueblo de Cuba” de 80 millones de dólares subrayan la voluntad de Estados Unidos de alentar a la disidencia para que deje atrás “el control represivo del régimen de Castro” y avance hacia “una libertad y democracia genuina”.

“Demuestra que estamos trabajando activamente por un cambio en Cuba, no simplemente esperando el cambio”, afirmó Bush en un comunicado.

“Llamo a todos nuestros amigos y aliados democráticos de todo el mundo a unirse a nosotros en apoyar la libertad para el pueblo cubano”, añadió.

El informe no prevé nuevas sanciones contra Cuba pero endurece los controles para garantizar la aplicación de penas ya vigentes.

Contiene asimismo varias ofertas de ayuda a un futuro gobierno de transición en Cuba que libere a todos los presos políticos y avance hacia elecciones libres, justas y multipartidarias, si éste así lo requiere.

A diferencia del primer informe realizado por la Comisión en 2004, éste incluye un anexo clasificado por razones de seguridad nacional, que llevó al presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, a denunciar la semana pasada un plan “secreto” de Estados Unidos para precipitar el fin de la revolución.

“Estamos aumentando nuestros esfuerzos en múltiples frentes (…) No tienen un mayor amigo que Estados Unidos”, dijo a los cubanos la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice al presentar el informe junto al secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, nacido en la isla.

“El ‘compacto’ es un mensaje de esperanza y tranquilidad a los cubanos de que pueden contar con nuestra ayuda concreta”, sostuvo Gutiérrez.

“Para apoyar un gobierno de transición en Cuba, prometemos suministrar comida de emergencia, agua, combustible y equipamiento médico (…) Y prometemos desalentar a terceros partidos de intervenir para obstruir la voluntad del pueblo cubano”, agregó.

El informe acusa al gobierno de Castro de utilizar dinero suministrado por el presidente venezolano Hugo Chávez para subvertir a gobiernos democráticos de América Latina.

El gobierno estadounidense asegura que la difusión del informe no está relacionada con el cumpleaños 80 de Castro el próximo 13 de agosto, ni tiene por objetivo satisfacer a la conservadora comunidad cubano-estadounidense antes de las legislativas de noviembre en Estados Unidos.

El informe, cuya divulgación estaba prevista para el 20 de mayo, aniversario de la independencia cubana que el gobierno de Castro no reconoce, representa el trabajo de más de 100 funcionarios de 17 agencias y departamentos federales estadounidenses.