Aportes de la reforma agraria al desarrollo dominicano

Aportes de la reforma agraria al desarrollo dominicano

QUILVIO CABRERA
La Reforma Agraria dominicana cumplió recientemente cuarenta y cinco años de estar en funcionamiento. Precisa es la ocasión para pasar revista a cuanto ha ocurrido a lo largo de este acontecimiento, al cual consideramos como uno de los más importantes procesos sociales que ha vivido nuestro país.

La aproximación más reciente a los orígenes de nuestra Reforma Agraria la encontramos en lo que aún en muchas comunidades rurales dominicanas llaman la “colonia”, las cuales fueron asentamientos que se iniciaron durante el gobierno de Ramón Cáceres y que, posteriormente Trujillo, en su política de “dominicanización de la frontera” extendió a lo largo de esa zona del país, para lo cual se emitió la ley número 1783 en fecha 18 de agosto de 1948.

Pero es a partir del 27 de abril del 1962 cuando se crea una estructura jurídica e institucional para llevar hacia delante la Reforma Agraria. En esa fecha se publica la ley 5879, mediante la cual se crea el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y se define un conjunto de iniciativas que debían implementarse a través de la nueva institución creada.

Con la llegada al gobierno del profesor Juan Bosch en el 1963, se realizan once asentamientos en las que se denominaron “Villas de la Libertad”, las cuales fueron concebidas como una forma de organización rural en la que varias familias, además de la tierra, recibían una vivienda y otros servicios básicos. Su derrocamiento en septiembre de ese año arrastró consigo todo el conjunto de planes de desarrollo que él había concebido, a lo que no pudo escapar la incipiente Reforma Agraria.

No hay dudas de que la Reforma Agraria dominicana alcanza su mayor auge con la llegada del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y muy especialmente durante su segundo mandato que se inicia en agosto de 1970, y que encuentra al país en medio de una gran movilización social y política.

En el año de 1972, el presidente Balaguer promulga un conjunto de leyes cuya aplicación generó una gran dinamización de la reforma agraria entre las más importantes puestas en vigencia se destacan:

• La 282, que declara de utilidad pública e interés social la adquisición de todas las tierras baldías que existan en la República Dominicana para traspasarlas al IAD.

• La 290, que traspasa al IAD todas las tierras arroceras

• La 314, que define el latifundio.

• La 332, que regula la venta de tierras del Estado.

Estas leyes, así como otras que por razones de espacio no enunciamos, crearon el marco jurídico necesario para la ampliación del programa de asentamientos y para el establecimiento de formas organizativas dentro de los mismos. A partir de los primeros años de la década de los 80, el ritmo de distribución de tierras disminuye sustancialmente, y el IAD asume como tarea primordial el fortalecimiento del proceso hasta ese momento desarrollado, esto es, la formación de estructuras organizativas de los asentados, la creación de cooperativas, instalación de factorías arroceras, mayor asistencia técnica y mejoras de carácter tecnológico.

Hasta estos momentos, el IAD ha distribuido más de 10 millones de tareas de tierras en 526 asentamientos. Esos terrenos, representan el 24 % de las tierras cultivables del país y en ellas se ha asentado el 24 % de la población rural, todo lo cual ha sido de una enorme repercusión en la vida dominicana, tema que abordaremos en una próxima entrega.