A ley de un mes

A ley de un mes

Dentro de exactamente un mes, los dominicanos deberán acudir a las urnas para elegir nuevos legisladores y autoridades municipales en unos comicios que podrían resultar cruciales para, al menos, las tres principales fuerzas políticas.

Por un lado está un Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que parece convencido de que no podrá sostener su mayoría aplastante en el Congreso y que procura valerse de su rival de antaño, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), para tratar de atenuar la posibilidad de ser desplazado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El PRSC, mientras tanto, parecería inspirado en el afán de recomponer sus debilitadas fuerzas en base al respaldo que el PRD está dando a sus candidatos para cargos municipales y congresuales.

Y el gobernante PLD, que se esfuerza por poner a su favor una balanza congresual que le resulta decididamente desventajosa para poder así impulsar propuestas legislativas que le facilitarían las cosas en la administración del Estado.

-II-

Esa es la tonalidad que tiene la política local vista a través del prisma de las estructuras de mando de los partidos. En por lo menos dos de éstos, las bases no parecen «consensuar» el estilo de hacer las cosas para forjar la alianza PRD-PRSC, y la causa principal de descontento ha sido la manera en que han sido desplazados candidatos que ya habían dado muestras de liderazgo al ganar las convenciones en que compitieron.

Por cierto que, tomando en cuenta las reglas de juego trazadas por la Ley Electoral en cuanto a las condiciones necesarias para ostentar una candidatura, habrá que prever algún escarceo de corte jurídico de uno que otro partido para tratar de invalidar eventuales resultados electorales, partiendo de la premisa de que para ser candidato hay que haber sido elegido por convención o asamblea.

-III-

Sea como fuere, estamos a ley de un mes para que los electores digan la última palabra en esta confrontación de pareceres que ha tenido tanta vaguedad argumental y tanta falta de propuestas como anteriores procesos similares.

La responsabilidad de los electores deberá ser, en este caso, la que permita darle al país algo que los partidos le han estado regateando: autoridades congresuales y municipales en capacidad de proponer auténticas soluciones para problemas que se han estado acumulando año tras año, período tras período.

Un balance reciente sobre la labor del actual Congreso nos indica que andamos muy mal en materia de aportar fórmulas para mejorar la marcha del país y las condiciones de vida de la gente. La aprobación de pensiones y contratos de venta predominó sobre todo el ejercicio en materia legislativa, y eso habla muy mal de nuestro Congreso.

La esperanza parece ser, entonces, que los electores asuman la grave responsabilidad de seleccionar lo mejor, lo más capaz, lo que realmente exhiba dotes morales e intelectuales para ayudarnos a marchar por buen rumbo.